En el documento se precisa que las autoridades deberán adoptar medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad cultural, la propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y las expresiones culturales de este sector de la población.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, con 483 votos, reformas al artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Se trata de la segunda que se aprueba de las 18 reformas a la Carta Magna enviadas por el Ejecutivo a la cámara baja, el pasado 5 de febrero.
Luego de nueve horas de discusión, la minuta fue remitida al Senado de la República. Con estos cambios se da pleno reconocimiento de los derechos de esos grupos; reconoce la composición de México como nación pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
Se eleva a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa, informada culturalmente adecuada y de buena fe respeto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones e impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo.
Asimismo, fortalece el reconocimiento a los sistemas normativos y especificidades culturales de los pueblos para decidir sus formas internas de gobierno y elegir autoridades, resolver conflictos internos, promover las lenguas indígenas y practicar la medicina tradicional.
En materia de acceso a la justicia, se obliga a las instituciones jurisdiccionales a garantizar el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
Avalan diputados segunda reforma constitucional de AMLO; es en materia de pueblos indígenas y afromexicanos
Fortalece asimismo el reconocimiento a los sistemas normativos y especificidades culturales de los pueblos para decidir sus formas internas de gobierno y elegir autoridades, resolver conflictos internos, promover las lenguas indígenas y practicar la medicina tradicional.
En materia de acceso a la justicia, se obliga a las instituciones jurisdiccionales a garantizar el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
La morenista, Irma Juan Carlos destacó es una reforma histórica porque después de más de cinco siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, se reconocen los derechos inalienables de estas comunidades.
La oposición reconoció que estos cambios son un avance para 25.7 millones de mexicanos que se reconocen como indígenas y afro mexicanos, pero aún se tienen deudas históricas en materia de justicia.
Sobre todo, indicó el panista Asael Hernández Cerón, en materia presupuestal porque, según el Coneval, dos terceras partes de la población indígena está en pobreza y más de la cuarta parte en pobreza extrema.
Asimismo, externó su preocupación por la eliminación del financiamiento para vivienda y cobertura de servicios básicos.
“No estoy en contra de que se legisle en todo lo que pueda ser favorable para las personas indígenas o afromexicanas, todo lo contrario; pero a todos nos debe preocupar encontrar el balance favorable para que los municipios que en los últimos años han sido tan golpeados presupuestariamente, puedan cumplir adecuadamente con todas sus obligaciones constitucionales, incluyendo estas últimas, vaya, política pública sin presupuesto es pura demagogia”.
Durante la discusión en lo particular de la reforma se presentaron cerca de 170 reservas, principalmente de los grupos parlamentarios de Morena y PT; algunas más del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pero todas fueron rechazadas.
En el documento se precisa que las autoridades deberán adoptar medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad cultural, la propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y las expresiones culturales de este sector de la población.
