Ninguna autoridad municipal informó sobre la descarga irregular que afecta directamente al afluente que conecta con el Río Mixteco
Cientos de litros de aguas negras se vierten diariamente al río Tizaac de forma ilegal, debido a que el ayuntamiento de San Pedro Yeloixtlahuaca, municipio enclavado en la Mixteca poblana, carece de permisos de descarga y un sistema eficiente de tratamiento. Pese a las demandas ciudadanas para frenar y revertir el daño ambiental, el alcalde Albino Solís Ambrosio y su gobierno han hecho caso omiso a una irregularidad vigente desde hace por lo menos dos décadas.
Todos los días, el afluente –que desemboca directamente en el río Mixteco, uno de los raudales más importantes para comunidades del sur de Puebla y el norte de Oaxaca– recibe aguas negras provenientes de viviendas y negocios de la cabecera municipal.
Estas descargas se realizan de forma deliberada mediante un tubo expuesto que conecta el drenaje municipal directamente con el cauce. La única filtración empleada es una laguna de oxidación, cuya operación y mantenimiento se mantienen a discreción del ayuntamiento, quien omitió dar comentarios a pesar de las reiteradas solicitudes hechas.
Deficiencias en el sistema de drenaje
Según pobladores de San Pedro Yeloixtlahuaca –que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tiene 3 mil 488 habitantes–, esta situación se ha mantenido vigente desde hace al menos 20 años. No obstante, destacaron que la problemática se agudizó en 2025 debido al colapso del drenaje y la falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
Los vecinos de este municipio, quienes pidieron mantener su identidad bajo resguardo por temor a represalias, subrayaron que el problema se agrava durante la temporada de lluvias.
Relataron que, durante las precipitaciones, el sistema de alcantarillado se satura y provoca el desbordamiento de aguas negras en calles del municipio, como la avenida Miguel Hidalgo, esto debido a la inclinación del terreno.
Aunado a esto, ello provoca que diversas viviendas, especialmente las ubicadas en las inmediaciones del panteón municipal, se inunden con aguas residuales.
«Se inunda de aguas negras. Toda el agua empieza a brotar de las coladeras por varias calles, además de que en algunas partes del municipio el agua se estanca (…) Al drenaje no le han dado mantenimiento y es por eso que está colapsando,» expuso un poblador.
Frente a ese contexto, vecinos señalaron que las autoridades no han atendido la emergencia ambiental y que el desgaste del sistema de drenaje ha sido ignorado por varias administraciones.
En lugar de una planta de tratamiento de aguas residuales, el municipio cuenta con una laguna de oxidación que, lejos de mitigar la contaminación, se ha convertido en un foco de infección, especialmente para las familias que habitan a menos de 100 metros de este lugar.
Debido a la falta de mantenimiento, el agua contaminada permanece estancada durante días o semanas, lo que genera malos olores, la proliferación de insectos y un riesgo sanitario constante. Esta infraestructura obsoleta no cumple con las funciones básicas de saneamiento y ha sido señalada por los pobladores como un ejemplo del abandono institucional en materia ambiental.
Frente a la omisión de las autoridades municipales, los pobladores han pedido la intervención directa del gobernador Alejandro Armenta Mier para que, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), se implementen medidas urgentes.
Afirmaron que, durante varios años, han solicitado al alcalde Solis Ambrosio y a las administraciones anteriores la construcción de una planta de tratamiento. Todos los gobiernos han argumentado que es un proyecto costoso, aunque en casi dos décadas ninguno ha hecho algo por implementarlo.
No obstante, personal del ayuntamiento indicó que el edil no tenía disponibilidad por motivos de agenda. También se solicitó entrevista con otros funcionarios clave, como los titulares de Gobernación, Protección Civil, Obras Públicas y el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento, pero se argumentó el mismo motivo. Cabe mencionar que la negativa persistió incluso cuando se propuso realizar la entrevista por teléfono o en otro horario durante el día.
Contaminación genera preocupaciones de salud
Habitantes de San Pedro Yeloixtlahuaca aseguraron que ya normalizaron vivir con los efectos de la contaminación del río Tizaac; quienes viven a menos de 300 metros de la laguna de oxidación afirmaron que las afectaciones físicas y psicológicas se han agudizado en los últimos años. Refirieron que, tanto adultos mayores como niños, han sufrido mareos y diarreas frecuentes, lo que asocian directamente con la contaminación y los olores vertidos por las aguas residuales.
A esto le han sumado la preocupación por los cultivos de maíz sembrados cerca de la zona de descarga irregular, pues aseguraron tener preocupación de que los residuos peligrosos afecten los cultivos.
Por otra parte, vecinos relataron que el río Tizaac, también conocido como río Acatlán, era hasta hace dos décadas una importante fuente de agua para la comunidad. El líquido se usaba para riego y ganado. Inclusive era utilizado por decenas de personas como espacio de convivencia. Actualmente, eso es imposible, pues el nivel de contaminación es evidente a través de las aguas negras, en las que incluso se observa materia fecal.
Ayuntamiento carece de concesión de descarga
Tras una exhaustiva revisión hecha al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), se encontró que el ayuntamiento de San Pedro Yeloixtlahuaca no cuenta con alguna concesión vigente emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para descargar aguas residuales en cuerpos nacionales. Solamente tiene permisos para explotar los mantos acuíferos.
Es importante señalar que la ausencia de un título de concesión hace que, a pesar de contar con una laguna de oxidación, el vertido de aguas residuales sea ilegal. Lo anterior debido a que se contravienen las leyes de Aguas Nacionales (LAN) y la General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Por último, cabe mencionar que las sanciones pueden ser económicas para el ayuntamiento. Inclusive, es posible que se clausure la laguna de oxidación y se obligue a la comuna a implementar un sistema de tratamiento eficiente, o también se puede ejecutar –en casos extremos– el arresto de funcionarios en caso de que se acredite su omisión. Sin embargo, dichos resolutivos recaen en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).