Las activistas intentaron entregar un pliego petitorio a los diputados locales, solicitando una reunión inmediata

Capacitar a servidores públicos cuando se haya aprobado una nueva reforma, legislar a favor de las mujeres, por ejemplo, convirtiendo la violencia vicaria en un delito autónomo e impulsar una iniciativa en donde se castigue severamente a los funcionarios que revictimizan y ejercen violencia institucional, fueron las peticiones que hicieron mujeres de la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia.

Este 10 de diciembre, las integrantes del grupo se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado de Puebla y exigieron a las y los diputados locales, una serie de reformas legislativas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente en lo que respecta a la violencia institucional que padecen muchas de ellas.

Las activistas denunciaron que, a pesar de los esfuerzos por visibilizar la violencia de género, las mujeres siguen siendo víctimas de tratos inadecuados por parte de servidores públicos, quienes, en lugar de brindar apoyo, las revictimizan y las someten a procesos burocráticos que alargan y dificultan el acceso a la justicia.

Las mujeres que se han atrevido a denunciar agresiones físicas, psicológicas o sexuales, se ven obligadas a enfrentar un sistema judicial y de atención pública que no responde a sus necesidades ni les garantiza protección. Incluso, aseguraron que dos de sus compañeras tuvieron que dejar la entidad poblana por miedo a perder su vida.

«Las mujeres seguimos siendo sometidas a tratos humillantes, a negligencia y, en muchos casos, a una violencia institucional que agrava nuestra situación. Es inadmisible que quienes están para protegernos nos hagan más daño», expresó una de las participantes.

Durante la protesta, la Colectiva exigió que se promueva y apruebe una legislación que establezca sanciones claras para los servidores públicos que no cumplan con su obligación de brindar atención adecuada a las mujeres, así como para aquellos que revictimicen a las víctimas.

De acuerdo con las activistas, es urgente que los legisladores reconozcan la violencia institucional como una forma de violencia de género y actúen de manera efectiva para erradicarla.

Asimismo, mencionaron que es crucial capacitar a los servidores públicos cuando se aprueba una nueva reforma o ley porque son ellos quienes deben implementarlas y garantizar su cumplimiento.

Sin una formación adecuada, los funcionarios pueden desconocer los detalles y objetivos de la reforma, lo que podría llevar a una aplicación incorrecta o ineficaz de la normativa. Esto ya ocurrió con la Ley Monzón y la Ley Vicaria, señalaron.

«La capacitación asegura que los servidores estén informados sobre los cambios legales, comprendan su alcance y sean capaces de aplicarlos correctamente, contribuyendo así a la justicia, la equidad y la eficacia en el funcionamiento de las instituciones», mencionaron.

Al concluir la protesta, las activistas intentaron entregar un pliego petitorio a los diputados locales, solicitando una reunión inmediata para discutir estos temas y avanzar en la creación de políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia.

Solicitaron que saliera a atenderlas Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sin embargo, nunca apareció. En su lugar, las manifestantes fueron recibidas por una representante del área de atención ciudadana, quien las escuchó durante varios minutos en una reunión.

La movilización terminó sin incidentes, aunque con inconformidad por parte de los conductores que transitaron la Avenida 5 Poniente, ya que fue cerrada por la protesta. En las próximas horas, la Colectiva dará a conocer los detalles de lo que se abordó en la reunión.