Solicitaron a la FGE valorar la adhesión de Renato al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos
Luego de la detención del activista Renato R. el 1 de julio, la Secretaría de Gobernación en Puebla (SEGOB) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) valorar la adhesión al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Asimismo, solicitó que se considere la posibilidad de otorgar una medida que permita el regreso a su domicilio.
La petición se realizó tras una serie de reuniones con familiares del defensor y se enmarca en el respeto al debido proceso.
El titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala, indicó que dicho mecanismo opera a nivel federal, pero puede coordinarse con autoridades estatales para reforzar medidas de protección a personas defensoras.
Aguilar Pala agregó que, en el ámbito de sus atribuciones, buscará que la Fiscalía se sume a este esquema que contempla recomendaciones para garantizar la seguridad e integridad física de personas en riesgo, además de promover la colaboración entre víctimas, organizaciones y autoridades.
Lo anterior surge luego de que, el 1 de julio, elementos de la Policía Ministerial de Puebla detuvieron a Renato Romero Camacho, activista y defensor del agua en la Cuenca Libres‑Oriental.
La Fiscalía informó que se le acusa de daño en propiedad ajena y despojo agravado, por presuntamente lanzar piedras contra maquinaria usada en la instalación de tubería de agua potable en San Miguel Xoxtla, junto con aproximadamente 30 personas.
La detención generó reproches de colectivos y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron arbitrariedad y criminalización de la defensa ambiental. Denunciantes señalaron que Romero fue incomunicado durante más de 12 horas, no se le permitió consultar la carpeta de investigación, y que la orden llegó sin citación previa en su contra, lo que calificaron como una acción para inhibir protestas comunitarias.
La acusación fue presentada por Concesiones Integrales (empresa operadora del agua en Puebla) y Agua de Puebla, relacionada con las obras en Xoxtla. El gobernador Alejandro Armenta calificó el caso como un conflicto entre particulares y pidió a la Comisión de Derechos Humanos estatal vigilar el respeto al debido proceso.
Mientras tanto, Romero permanece en el Cereso de Cholula; un juez rechazó su libertad provisional tras la audiencia inicial, y su defensa planea acusar falta de pruebas y violaciones procesales.
