Refieren que un expolítico, junto con el sacerdote, autorizaron las obras sin considerar que es una joya arquitectónica

Un presunto acto de ilegalidad compromete la integridad de la Parroquia de San José Olintla, monumento histórico construido en 1570 y catalogado como Patrimonio Histórico de la Humanidad, es denunciado por habitantes luego de las obras de remodelación emprendida si autorizaciones oficiales.

Habitantes de la cabecera municipal, encabezados por un excandidato político y con la anuencia del párroco Sergio Iván Félix Aguilar, han iniciado modificaciones arbitrarias sin el aval de la comunidad ni la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Un habitante local denunció en entrevista que estas obras son impulsadas por un grupo vinculado a un excandidato, tras diferencias políticas en la comunidad. Según su testimonio, el excandidato actúa “por su propia voluntad junto a su gente, pidiendo apoyo ante el pueblo, pero son sus seguidores nada más”.

Destacó que, aunque existió un acuerdo inicial con el párroco anterior, las actividades se reiniciaron tras la llegada del actual sacerdote, Sergio Iván Félix Aguilar.

El entrevistado fue enfático al señalar la ausencia de autorizaciones: “No hubo ningún acuerdo con las autoridades municipales […] ni con el INAH, ni estatal, ninguna autoridad que le corresponda a este caso”. Alertó sobre el daño irreversible a elementos del siglo XVI, subrayando que “muchas personas están en contra de esta obra”.

La población afectada demanda el cese inmediato de los trabajos y la restauración de los daños causados.

«Hay cosas que son del siglo XVI […] deben parar la obra y reparar lo afectado» insistió el habitante.

Además, exigió que cualquier intervención futura se sujete a los protocolos del INAH: “Para que haya un acuerdo, se debe acudir al INAH […] y obtener un respaldo legal que evite problemas”.

Estas acciones, ejecutadas con recursos inapropiados, no solo evidencian desconocimiento sobre preservación patrimonial, sino que constituirían un delito federal. Autoridades y defensores del patrimonio han calificado los hechos como un “atentado contra la memoria e identidad cultural de Puebla”, subrayando que estos bienes son un legado colectivo que no puede ser sacrificado por intereses particulares o decisiones unilaterales.