La ASE recomienda implementar controles internos y justificar debidamente las excepciones a licitación pública en futuros contratos de la Comisión

José Félix Cerezo, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), adquirió tres automóviles para el organismo sin comprobar que la empresa proveedora estuviera autorizada para vender bienes o servicios al sector público, por lo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) observó un probable daño patrimonial por un monto de 499 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2023.

El contrato en cuestión, identificado como CDH/DA/025/2023, fue firmado con la empresa Automóviles SUMA S.A. de C.V. para la adquisición de los tres vehículos y la operación se realizó mediante adjudicación directa, con un costo total de 941 mil 700 pesos.

De ese monto, la ASE especificó que 499 mil pesos correspondían a recursos fiscalizables, dado que la operación involucró una combinación de fondos federales y estatales.

El principal señalamiento de la Auditoría fue la falta de la constancia de inscripción de la empresa al padrón de proveedores, lo cual constituye un incumplimiento de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

La revisión también abarcó el análisis del “capítulo 5000 del gasto público”, que cubre los bienes, muebles, inmuebles e intangibles. En este contexto, la ASE observó que no solo se omitió acreditar la legalidad del proveedor, sino que tampoco se entregó el acuerdo firmado por Cerezo Vélez, por el cual se delegaban las facultades para firmar contratos relacionados con adquisiciones.

Otro de los puntos observados fue la falta de justificación adecuada para la adjudicación directa de los vehículos. La ASE señaló que si bien el dictamen de excepción a la licitación pública se fundamentó en el artículo 20 fracción II de la Ley de Adquisiciones, este no presentó la debida motivación documental en el momento de la compra.

Posteriormente, la Comisión presentó un escrito justificando los motivos de esta excepción, pero la ASE concluyó que el dictamen no cumplía con los requisitos legales exigidos para la contratación.

Finalmente, la ASE recomendó a la Comisión implementar controles internos para asegurar que los expedientes de adjudicación estén completos y cumplan con las normativas correspondientes.

Además, sugirió que los dictámenes de excepción a la licitación pública sean debidamente justificados, con el fin de garantizar que se ajusten a los principios de legalidad y transparencia exigidos en los procesos de contratación pública.